Gobernación y UniCórdoba avanzan en la formulación política pública para la niñez y adolescencia
Durante la tercera sesión del Consejo Departamental de Política Social, la Gobernación de Córdoba aprobó la propuesta técnica presentada por la Universidad de Córdoba para desarrollar la fase diagnóstica de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. Este esfuerzo busca promover el bienestar integral de los menores en la región a través de un enfoque participativo y científico.
En qué consiste esta Política Pública
La colaboración entre la Gobernación y UniCórdoba permitirá incorporar estrategias de atención integral, basadas en metodologías investigativas sólidas, para asegurar la protección y el desarrollo de los niños y adolescentes del departamento. Claudia García, Secretaria para la Equidad de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor, destacó la importancia de este trabajo conjunto: “Confiamos en el aporte científico de la universidad, lo que garantiza una ejecución eficiente de esta primera etapa”.
Para la fase diagnóstica, se organizarán 14 mesas de trabajo que recolectarán las inquietudes y propuestas de las comunidades beneficiarias. Según Amaury Romero, docente de la Facultad de Psicopedagogía de UniCórdoba, el proceso incluirá talleres y entrevistas con preguntas abiertas, involucrando a niños, adolescentes, padres de familia y representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes y LGTBI. “La participación activa de estas comunidades será clave para construir programas y acciones que protejan sus derechos”, explicó Romero.
Además, durante la sesión, se anunció la apertura de la Casa Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, que comenzará a operar en octubre. Vanessa Hodeg, secretaria General de la Gobernación, señaló que esta iniciativa es una de las más representativas en la protección de las mujeres cordobesas. “La Casa Refugio será un espacio de protección y cuidado para las mujeres afectadas y sus familias”, puntualizó Hodeg.
Esta propuesta refuerza el compromiso del departamento con la protección de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, mientras que se consolida como un paso crucial hacia la creación de una política pública inclusiva y equitativa.
