Opinión

Transformación económica para el desarrollo social

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

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Propósito Colombia demuestra cada vez más que es un grupo de pensamiento que sin lugar a dudas propende por los intereses superiores del pueblo colombiano, fomentando un diálogo sincero, honesto y razonado, sin sesgo ideológico alguno, con expertos, sociedad civil y universitarios, sobre las diferentes problemáticas que impiden un desarrollo armónico, social y económico de nuestro país.

Con Propósito Colombia continuamos recorriendo las regiones en aras de construir país basado en las necesidades expresadas por los ciudadanos. En esta oportunidad, estuvimos en Cúcuta conversando sobre los grandes retos que se tienen para lograr una transformación efectiva de la economía para el impulso del desarrollo social, la productividad, disminución de la informalidad con la generación de empleo y el fortalecimiento de la competitividad.

En 2023 el Ministerio de Hacienda certificó al DNP que se transfirieron $56.228.178 millones a las regiones por concepto del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos distribuidos en un 58,5 % para el sector educación, 25,4 % para salud, 11,6 % para propósitos generales y 5,4 % para saneamiento básico, a lo que se suman las asignaciones especiales del 4 % para Fonpet, resguardos indígenas, municipios ribereños del río Magdalena y el PAE.

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A todas luces estos recursos son insuficientes para satisfacer todas las necesidades de los colombianos y preocupa el decrecimiento de la inversión privada, la que actualmente es menor a las cifras prepandémicas. Sin duda, atraer a los inversionistas y lograr recursos de convenios de cooperación internacional significa un reto enorme al que le deben apuntar las regiones con el propósito de dejar de ser Estado dependientes y así abrir el abanico de posibilidades para la generación de empleo y la disminución de la informalidad, la que hoy se encuentra en un 56,3 %, siendo Sincelejo la de mayor porcentaje con un 69,5 % y Bogotá la de menor con el 33,3 %. Cifras a las que se suma un preocupante 84,2 % de informalidad en los centros poblados y rural disperso.

Para contrarrestar estos altos indicadores de informalidad se deben entrelazarse factores de gobierno, desarrollo económico, infraestructura basada en la productividad y capital humano para lograr generar una eficiencia empresarial que genere empleo y mayor ingreso a las familias.

Es necesario concretar alianzas público privadas, a las que se debe sumar la academia, con el fin de articular acciones tendientes a brindar soluciones de impulso al emprendimiento y planes de capacitación y formación pertinente basados en las verdaderas necesidades de las regiones, acordes con la implementación de la cuarta revolución industrial para el fortalecimiento de la competitividad nacional desde las nuevas tecnologías.

Le debemos apostar a la descentralización para lograr cambios profundos que conlleven a una mayor autonomía de las regiones para que estas logren concretar inversiones que impacten de manera pronta y eficaz a las comunidades, además de convertir nuestras zonas corregimentales en polos de desarrollo con vocación exportadora directa, sumado al fortalecimiento que se le debe dar a la empresa e industrias para un desarrollo económico sólido generador de empleo, acompañado lo anterior con una política fiscal robusta y seria, además de amparada por una seguridad jurídica que conlleve a decisiones acertadas para la atracción de ingresos y una menor dependencia del sector central.

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Es muy importante pensar a futuro, sentando unas bases desde ahora con planes de desarrollo armónicos que visionen los macroproyectos que requiere el país para saldar deudas históricas en las regiones y cambiar las políticas sociales con el objetivo primordial de cambiar vidas y generar esperanza para todos los colombianos.

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