Pérdidas de energía, ¿justos por pecadores?
Por Javier Lastra Fuscaldo
Gerente General de Afinia
Son seis los componentes de la tarifa de energía, me referiré a uno de los más polémicos: las pérdidas.
¿Qué se entiende por pérdidas de energía? Es la diferencia que existe entre la energía que se compra a generadores o comercializadores y la que se factura a los usuarios. Esta diferencia en las empresas del Caribe actualmente ronda por el 26 por ciento.
Las pérdidas de energía se dividen en técnicas y no técnicas. Las primeras se generan en el sistema eléctrico de un distribuidor como Afinia, entre más deteriorada esté la red mayor será el volumen. Las segundas, surgen principalmente de las irregularidades o robos de energía. Del ciento por ciento de las pérdidas en el Caribe, las técnicas oscilan entre un 30 y un 40, y el resto corresponde a las no técnicas.
El regulador en la metodología tarifaria históricamente ha incluido la variable pérdidas técnicas de energía con un reconocimiento máximo de casi el 13 por ciento, en razón a que por muy eficiente que sea la red eléctrica, técnicamente siempre habrá fugas de energía.
Cabe resaltar que esa práctica regulatoria no ha sido materia de debate, como sí lo es el reconocimiento de las pérdidas no técnicas en los más altos porcentajes del país, como los de la costa Caribe.
En el régimen tarifario vigente contenido en la Resolución CREG 015 de 2018, se determinó en la tarifa el reconocimiento de las pérdidas estructurales (técnicas y no técnicas) que tuvieran los operadores al corte de 2017.
Posteriormente, para despertar el interés de inversionistas, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo de 2019 se estableció un régimen especial y transitorio para las empresas que decidieran operar en la región; y fue con base en esa ley que se indicó que el corte sería en 2019, año en el que las pérdidas del territorio estaban al rededor del 30 por ciento.
Este beneficio parte de la lógica que los nuevos operadores del Caribe encontraron un profundo deterioro de la infraestructura por décadas de bajas inversiones, pero la pregunta que cobra sentido es ¿quiénes deben asumir el considerable costo para fortalecerla y modernizarla? En Afinia, ese costo se estima alrededor de 4 billones de pesos en 10 años.
Actualmente, la cuenta de las pérdidas la están pagando los usuarios de cada una de las empresas y lo cierto es que este es un problema con mayor impacto en la Costa. Sin duda es del sistema eléctrico nacional, resultado de la ausencia de medidas por parte del Estado, que lamentablemente no se tomaron en su momento.
Si cuantificamos el problema, en Afinia, por ejemplo, con el nuevo marco regulatorio a un usuario de estrato cuatro con un consumo promedio de 350 kilovatios hora, le representa al mes 60 mil pesos adicionales en su factura, metodología que ha sido objeto para acuñar la frase “justos por pecadores”.
Teóricamente, si los usuarios que incurren en irregularidades se pusieran de acuerdo y renunciaran a estas prácticas ilegales, la tarifa reduciría de manera significativa; pero, a juzgar por los antecedentes, es poco probable. Sin embargo, hay que insistir con más pedagogía.
En este sentido, la solución podría estar orientada, como se viene haciendo, a exigir a las empresas que inviertan en el robustecimiento de la red y modernos sistemas de medición, pero plantear que la fuente de financiación provenga, no sólo de los usuarios de cada uno de los operadores, sino de manera temporal de los todos actores de la cadena del sistema eléctrico nacional, una especie de “todos ponen”. Un aporte mínimo entre muchos pero un alivio significativo para los usuarios quienes hoy vienen pagando la cuenta.
Otra alternativa, es la creación de un fondo por parte del Gobierno Nacional que asuma el costo de las pérdidas no técnicas en el Caribe, con el compromiso que las empresas realicen las inversiones y los usuarios accedan a la normalización de las redes de distribución, como un acuerdo para conservar la subvención.
Con cualquiera de las dos opciones se podría solucionar parte del problema del alza de tarifas, por el peso de las pérdidas de energía en el costo del kilovatio y así dejar sin piso la frase “justos por pecadores”.
