Verdades a medias – Opinión Por Horacio Ayala Vela
HORACIO AYALA VELA
Se dice que en materia económica hay que ahorrar en las épocas de las vacas gordas. En Colombia históricamente pasa todo lo contrario: el marranito se rompe antes de empezar a engordarlo. Hoy está desinflado por las urgencias económicas de la pandemia, la vertiginosa descolgada de los precios del petróleo y la reducción de las tarifas del impuesto de renta, que, dicho sea de paso, no han tenido impacto positivo sobre el empleo. ¿Por qué no acabar con tantas exenciones y beneficios tributarios, distribuyendo la carga de manera equitativa? Es la solución más conveniente, pero, por desgracia, políticamente menos viable.
El tema económico resulta inevitable en los forzosos y prolongados encierros, que dejaron de ser privados gracias a las redes sociales, no siempre bien intencionadas. Es lo que estamos viviendo con la pandemia que nos aterra a todos los habitantes del planeta; nuestro país, por desgracia, no es una excepción a la viciosa costumbre de difundir verdades a medias.
Por ejemplo, se dice que las generosas donaciones que hacen los empresarios no les representan sacrificios económicos, porque las recuperan a través del pago de los impuestos. Técnicamente esta afirmación no es cierta. De acuerdo con las normas vigentes, algunas donaciones se pueden deducir y otras descontar en la liquidación del impuesto sobre la renta. Si calculamos el impacto con base en la tarifa de sociedades, de 33%, en el primer caso el donante recupera un poco más de una octava parte del valor que dona, y en el segundo caso la cuarta parte. Lo demás sale de sus bolsillos.
Otra crítica frecuente tiene que ver con las dietas de los parlamentarios; se pregunta por qué no aportan a obras benéficas al menos una pequeña porción de sus sustanciosos ingresos. A este respecto, en el Decreto 568 de 2020 el Gobierno estableció el Impuesto Solidario para el Covid 19, que deben pagar todos “…los servidores del Estado…”, sobre sus salarios, honorarios y/o pensiones mensuales de diez millones de pesos o más, durante los meses de mayo, junio y julio de 2020.
Si bien es cierto, técnicamente los parlamentarios en ejercicio no reciben salarios, honorarios ni pensiones, según el artículo 123 de la Constitución “…son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas…” A la vez, el artículo 2 del decreto que creó el impuesto, incluye dentro de los sujetos pasivos a las personas naturales de las ramas legislativa y judicial, en los términos del artículo 123 de la Constitución. Además, el decreto incluye dentro del concepto de salario: “…la asignación básica, gastos representación, primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio
que reciben los servidores públicos como retribución directa el servicio prestado”.
Partiendo de la base que la tarifa del impuesto para ingresos mensuales en exceso de veinte millones de pesos es veinte por ciento, el impuesto total a cargo de cada parlamentario, para los tres meses de vigencia, será equivalente al sesenta por ciento de sus dietas de un mes.
Un poco lejos de las propuestas que han rondado el tema, para que los padres de la patria aporten el equivalente a un mes de sus ingresos. Solo un mes, de los tantos que no trabajan.
Horacio Ayala Vela
Consultor privado.
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