Por no pagarle una botella de ‘guaro’, domiciliario delató a 41 personas de una rumba clandestina
El mismo repartidor denunció a sus clientes porque no le quisieron pagar la botella de ‘guaro’, así lo confirmó el coronel Nelson Quiñones, de la Policía de Bogotá.
En entrevista con La Cariñosa de RCN Radio, el oficial explicó que los jóvenes que llevaban tres días de fiesta dentro de una casa hotel —ubicada en la calle 117 con carrera Novena, localidad de Usaquén— no le pagaron al domiciliario un pedido de bebidas embriagantes y comidas rápidas.
Por esta razón, añade la emisora, el trabajador se habría comunicado con la Policía para que estas personas (23 hombres y 18 mujeres, entre ellas algunas menores de edad), que estaban violando la medida de aislamiento obligatoria, le pagaran sus servicios.
Al recibir la denuncia, señaló el coronel Quiñones, los policías del cuadrante llegaron al inmueble, timbraron en varias oportunidades y al “no recibir respuesta alguna, decidieron llamar a las unidades del Cuerpo de Bomberos para que, con herramientas especiales, rompieran el candado de la entrada al antejardín y luego el del portón principal”, indica la frecuencia popular.
Después de ingresar a la vivienda, que supuestamente funciona como un hotel, los uniformados encontraron a estas 41 personas aglomeradas y celebrando la conocida ‘hora loca’, confirma el medio.
En el sitio, las autoridades hallaron varias botellas de licor desocupadas, otras con trago, bebidas energizantes y hasta drogas. Así lo demuestran unas fotografías difundidas por Noticias Caracol.
Además, La Cariñosa señala que “al apagar la rumba y las luces, los uniformados encontraron a un tipo, de unos 30 años, que se escondía detrás de un muro con materas. Al ser sacado del sitio y revisarle antecedentes penales se le encontró una anotación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, pena que cumplía en la casa y la cual también violó”.
Finalmente, el oficial contó que dentro de una de las habitaciones de ese inmueble había una mujer hospedada con dos niños.
Cabe recordar que a todos los infractores les impusieron comparendos por 936.320 pesos y fueron trasladados a la URI de Puente Aranda, donde la Fiscalía les imputó los delitos de “fraude por resolución administrativa y violación de medidas sanitarias”, según el noticiero.
PULZO
